Mientras habitantes de San Gabriel Chilac denuncian tarifas desproporcionadas en el servicio de agua potable, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciaron nuevas medidas para ordenar las concesiones y combatir el robo de agua en el país.
En Chilac, los pobladores acusan a los llamados “ramales” de imponer cobros de hasta 200 pesos por hora, 500 pesos por seis horas de agua en temporada de calor y hasta 1,200 pesos en temporada de frío, además de tarifas de 800 a mil pesos por hora de agua para riego agrícola. Los inconformes señalan que este esquema beneficia solo a un grupo reducido, que incluso recurre a suspender el suministro de manera arbitraria.
“Unos pocos se enriquecen a costa de la necesidad de todos; el agua no puede seguir siendo un negocio privado”, expresó un afectado. Organizaciones como el Movimiento de Autogestión Campesina Social Indígena Popular (MASCIP) exigieron a la Conagua establecer una tarifa única y justa para terminar con los abusos.
En paralelo, el titular de Conagua, Efraín Morales López informó en la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se clausuraron dos pozos clandestinos en Tehuacán que surtían hasta 300 pipas de agua al día, lo que constituye un delito por el uso ilegal del vital líquido.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo 29 de septiembre se enviará al Congreso una propuesta para reformar la Ley de Aguas Nacionales y expedir una Ley General de Aguas, con el objetivo de que el recurso deje de verse como mercancía.
“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país. Que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares. El otro punto central son las sanciones a quienes roban agua o cambian el uso de sus concesiones”, destacó la mandataria.
Según Conagua, en la revisión de más de 482 mil títulos de concesión, se detectaron 58 mil 938 irregularidades, entre ellas: concesiones agrícolas utilizadas para balnearios o venta de pipas, títulos con coordenadas erróneas y duplicidades. Hasta la fecha se han realizado 3 mil 912 inspecciones y 490 clausuras.
Habitantes de Chilac consideran que estas medidas federales son la oportunidad de poner fin a un esquema local que mantiene al agua bajo control de unos cuantos y que, aseguran, ha convertido un derecho humano en un negocio lucrativo.