Tehuacán, Pue. – La marcha realizada recientemente en Tehuacán en respaldo de Miguel Ángel N., alias “El Animal”, lejos de fortalecer su estrategia legal, abrió un nuevo frente de debate político y jurídico sobre los límites de la protesta cuando esta se convierte en un mecanismo de presión al Poder Judicial.
La movilización, promovida por su entorno y encabezada por su abogado defensor, Carlos Antonio Tress Ogazón, fue presentada públicamente como una manifestación ciudadana. Sin embargo, distintos actores locales y analistas jurídicos la interpretaron como un intento de trasladar el litigio penal del juzgado a la calle, mediante el cierre de vialidades estratégicas y la movilización de trabajadores vinculados a empresas relacionadas con el imputado.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la marcha provocó afectaciones severas a la movilidad urbana, incluyendo la obstrucción total de avenidas clave. Uno de los episodios más delicados fue el bloqueo provocado por un camión de carga bloqueando una arteria principal, situación que habría impedido el paso oportuno de unidades de emergencia médica hacia el centro de la ciudad.
Especialistas en derecho penal consultados señalan que este tipo de acciones no solo no inciden positivamente en el fondo del proceso, sino que pueden generar un efecto contrario. “Cuando una defensa intenta presionar a través del desorden o la exhibición pública, el mensaje institucional que se envía es de intimidación procesal, no de búsqueda de justicia”, explicó un analista local.
Desde el punto de vista jurídico, subrayan que el derecho a la manifestación no ampara el uso de recursos empresariales para cerrar calles ni la presunta coacción laboral para movilizar personal. La defensa técnica, recalcan, debe ejercerse en el expediente y ante el juez, no mediante demostraciones de fuerza económica o política.
El episodio también reavivó cuestionamientos sobre la estrategia legal encabezada por Tress Ogazón, conocido por recurrir al espacio mediático cuando los procesos no le resultan favorables. Antecedentes en el ámbito político-electoral y litigios prolongados en otras entidades han sido citados nuevamente como parte de un patrón de confrontación pública frente a resoluciones adversas.
En el plano político, la marcha fue interpretada como una señal equivocada hacia las autoridades. Lejos de generar simpatía, endureció posturas y activó alertas institucionales sobre la posible utilización de la presión social como sustituto del debido proceso.
Mientras tanto, el proceso penal contra Miguel Ángel N. continúa su curso conforme a la ley. A varios meses de su reclusión, el caso sigue abierto y bajo investigación, en un contexto ahora marcado por una movilización que transformó una defensa penal en un asunto de orden público.
Para observadores locales, la lección es clara: la calle no sustituye al juzgado y la protesta, cuando se usa como herramienta de presión judicial, puede convertirse en un factor que complique aún más la situación legal de quien pretende beneficiarse de ella.