Tehuacán, Puebla.- El comunicado de Olga Romero parece más una estrategia de contención política y defensa de imagen que un ejercicio de transparencia. Descalifica los señalamientos, los califica de falsos y pretende marcar distancia de quienes han colaborado con ella, pero evade lo verdaderamente importante: responder por los hechos que detonaron la controversia.
El nombre de Israel Gorospe Rojas aparece en el documento de pagos de Morena Puebla. Además, los señalamientos sobre su relación personal y política con Olga Romero y Armando Zavaleta apuntan a una cercanía que va más allá de una simple coincidencia. Se habla de trabajos en el sector de la construcción y de funciones como enlace con presidentes municipales. No son asuntos menores ni cuestionamientos que puedan despacharse con un deslinde generalizado. Exigen explicaciones concretas.
Decir que cada persona es responsable de sus propios actos es una salida cómoda, pero insuficiente. La responsabilidad individual no cancela la obligación de aclarar cómo se integraban los equipos de trabajo, quién asignaba funciones, qué responsabilidades tenían los colaboradores y cuáles eran los vínculos políticos y operativos que los unían. Esas son precisamente las preguntas que siguen sin respuesta.
También es necesario decirlo con claridad: ningún periodista debe ser intimidado por investigar, cuestionar o publicar información de interés público. La defensa de la libertad de expresión no puede convertirse en un recurso retórico para desviar la atención del fondo del asunto.
En política, los deslindes no sustituyen las explicaciones. Y cuando un comunicado dedica más espacio a proteger la reputación de una dirigente que a aclarar los hechos bajo cuestionamiento, el resultado no es transparencia, sino más dudas.
Olga Romero tiene derecho a defenderse, pero también tiene la responsabilidad política de responder con claridad. La ciudadanía no necesita comunicados para cuidar imágenes; necesita respuestas para conocer los hechos.
