Tehuacán, Puebla.- La actuación de las autoridades poblanas en el caso de Miguel Ángel Celis Romero enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que la justicia federal le concediera un amparo contra el auto de vinculación a proceso por el presunto delito de fraude genérico.
La resolución coloca en el centro de la discusión el trabajo de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Idamis Pastor, y la determinación del juez Venustiano Islas López, quien inicialmente consideró que existían elementos para vincular a Celis Romero a proceso.
La pregunta es inevitable: ¿qué argumentos sostuvieron la imputación y bajo qué criterios se dictó la resolución judicial que posteriormente fue cuestionada ante la justicia federal?
El amparo no significa que el imputado haya sido declarado inocente ni que el caso haya quedado definitivamente cerrado. No obstante, sí obliga a examinar el alcance de la protección concedida y las posibles irregularidades o deficiencias jurídicas que, en su caso, hayan sido identificadas en la resolución reclamada.
La controversia también alcanza a Olga Romero Garci-Crespo, cuyo nombre ha aparecido en los señalamientos relacionados con la familia Celis y la disputa por una herencia. Su presunta intervención en el conflicto ha sido cuestionada por integrantes de esa familia, por lo que resulta necesario que aclare cuál fue su participación y qué relación mantiene con los hechos.
El asunto rebasa una confrontación entre particulares cuando surgen cuestionamientos sobre posibles relaciones de poder y el desempeño de instituciones públicas. Por ello, la Fiscalía y el Poder Judicial no deberían limitarse a cumplir formalmente con una resolución federal: también deben ofrecer claridad sobre los fundamentos de sus decisiones.
La justicia no puede depender de influencias, cercanías políticas o intereses particulares. Cuando una resolución federal cuestiona una determinación judicial, la obligación de explicar y rendir cuentas es todavía mayor.